La esclavitud sexual contra mujeres indígenas durante la
guerra ya no es silencio en Guatemala
X Maya Varinia Alvarado Chávez/enviado x feministas Guatemala
Fruto de las decisiones de mujeres indígenas víctimas de
violencia sexual por buscar justicia, en septiembre de 2011, la Alianza
Rompiendo el Silencio y la Impunidad (integrada por el Equipo de Estudios
Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, Mujeres Transformando el Mundo MTM y
la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG), presentó una querella penal
por […]
Fruto de las decisiones de mujeres indígenas víctimas de
violencia sexual por buscar justicia, en septiembre de 2011, la Alianza
Rompiendo el Silencio y la Impunidad (integrada por el Equipo de Estudios
Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, Mujeres Transformando el Mundo MTM y
la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG), presentó una querella penal
por varios hechos de violencia cometidos contra mujeres de Sepur Zarco, sus
familias y comunidades. Sepur Zarco es una comunidad del Estor, Izabal, en el
nororiente del país, donde en los años más intensos del conflicto armado (1982
y 1983) se asentó un destacamento militar.
La esclavitud sexual fue utilizada por el ejército y
consistió en obligar a las mujeres, bajo amenaza de muerte a ellas y sus familias,
a acudir recurrentemente a los destacamentos militares, en donde fueron
violadas y forzadas a realizar oficios para sus violadores y asesinos de sus
familias. Todo esto generó estigma y sentimientos de culpa que en la mayoría de
los casos aún no señalan a los verdaderos responsables.
“En el destacamento éramos nosotras gallinas que a
cualquiera se le antojaba agarrarnos. Pasaron por nuestro cuerpo y ahí nos
violaron, dijeron que nadie va hablar por nosotras. Ya no tenemos esposos.
Durante todo este tiempo así nos hicieron. Estábamos entre sus manos. No
podíamos hacer nada”.
Resistir, llorar y reír con las otras, fueron algunas de las
estrategias de sobrevivencia que encontraron varias mujeres, principalmente
indígenas, víctimas de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. No fue
sino hasta años recientes que estas mujeres iniciaron un camino hacia la
justicia que implicó, en primer lugar, romper el silencio y rechazar el olvido.
Las testigas de este caso son quince mujeres y cinco hombres
quekchíes. En los años de la guerra los esposos de las mujeres fueron
desaparecidos, acusados de “guerrilleros” por el hecho de realizar trámites
para la titulación de la tierra. Después de esto, algunas de las mujeres
huyeron a las montañas. Vieron morir de hambre y frío a sus hijas e hijos, a
quienes enterraron con sus manos.
“Querían quedar en las manos nuestra tierra, por eso nos
querían terminar”.
Otras fueron obligadas, en un contexto de terror y control
territorial, a acudir al destacamento militar instalado en la comunidad para
lavar la ropa y cocinar para los soldados, con los enseres que ellas proveían.
Durante su permanencia en el destacamento, en tiempos que van desde los seis
meses hasta los seis años, eran violadas de manera reiterada y sistemática.
Son varios los hechos de violencia extrema contra las
mujeres, sus familias y comunidades, que están vinculados con este caso, que
ilustra la magnitud de la política contrainsurgente del Estado guatemalteco
durante la guerra. En 2012, las quince mujeres testigas dieron su testimonio
ante un juzgado, en anticipo de prueba. El hecho alcanzó una cobertura
mediática tan importante que logró poner en el debate social la violencia
sexual como crimen de trascendencia internacional.
Durante 2013 avanzaron las diligencias judiciales:
exhumaciones, identificación de testigos, elaboración de peritajes y otros. En
2014 fueron detenidos dos de los responsables de estos hechos: Esteelmer Reyes,
teniente coronel, y Heriberto Valdez, excomisionado militar. Han sido acusados por
delitos contra los deberes de humanidad en sus formas de violencia sexual,
esclavitud sexual y esclavitud doméstica, todo como crímenes de guerra, además
de otros hechos como desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Hay otros
imputados perfilándose.
El caso Sepur Zarco es uno de los pocos en el mundo en donde
tribunales nacionales conocen este tipo de crímenes. Dado el ambiente de
impunidad que continúa prevaleciendo, este caso constituye un reto para la
justicia transicional, la democracia y la verdadera paz en Guatemala.
* Maya Varinia Alvarado Chávez es directora ejecutiva
de la Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).
Fuente: Kaos en la Red |
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