Beatriz Bataszew : “Chile debe tipificar el delito de
tortura y el de violencia sexual política”
Enviado X Beatriz Bataszew/Dilemas
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La sicóloga Beatriz Bataszew. ex militante del MIR y
combatiente de la resistencia contra la dictadura, no pasa desapercibida con su
pelo color fucsia, marchando junto a estudiantes que demandan una educación
pública gratuita. Se acerca a ellos y les pregunta si les puede ayudar a llevar
alguna pancarta, a lo que acceden un poco sorprendidos. No pretende “venderles
alguna pomada”, sino ejercer con ellos un derecho y realizar una suerte de
terapia donde vincula su experiencia pasada con las luchas del presente; con
los combates de estos jóvenes que la tratan de “tía” y se sonríen con su melena
extravagante. Con ellos ha caminado y también sufrido los gases lacrimógenos y
chorros de los vehículos lanzaaguas, pero no se arredra y vez que puede sale a
la calle a sumarse al torrente juvenil.
Pero ahora “la Batachó”, como la nombran sus amistades,
está involucrada en otra marcha. Se ha unido con otros chicos y sobrevivientes
de los recintos de tortura y exterminio para luchar por recuperar el ex cuartel
de la DINA, apodado Venda Sexy, donde ella y otras mujeres y hombres
fueron salvajemente torturados y vejados sexualmente. No solo tratan de
recuperar una casa, también buscan que en la legislación chilena se tipifique
explícitamente los delitos de tortura y de violencia sexual política, acorde con
las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
A continuación reproducimos un extracto de la intervención
de Beatriz Bataszew en el acto por la recuperación del ex cuartel de la DINA
“Venda Sexy”, realizado este 18 de Mayo de 2014.
“La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos “Venda
Sexy”, a la cual pertenezco, me ha encomendado hablar sobre el tema de la
justicia. Como ustedes saben en esta casa se torturó y se ejerció violencia
sexual sobre todas las personas que estuvimos prisioneras aquí. Sobre hombres y
mujeres.
Esa tortura y vejámenes, se aplicaron como una política
represiva no solo en contra de quienes luchábamos contra el sistema. También
hacia las personas que estaban a nuestro alrededor. Eso explica que los vecinos
que vivían a tan pocos metros de este recinto no escucharan, no supieran, no
vieran lo que estaba pasando. Entonces se torturó la vista, los oídos y la
lengua de la comunidad y se logró así que la sociedad no pudiera tener
constancia de lo ocurrido aquí.
Han pasado cuatro décadas y todavía no hay justicia. Mucha
gente nos pregunta a nosotros, a los sobrevivientes, por qué no la hay frente a
la tortura y la violencia sexual. La repuesta puede abordar diversos factores,
pero hay uno en particular que resulta gravitante: en nuestro Código Penal no
existe el delito de tortura. Sólo existe la figura legal de “apremios
ilegítimos” y por consiguiente cuando un perpetrador es sometido a juicio se le
aplica esta norma.
Tampoco existe en nuestro Código Penal el delito de
“violencia política sexual” y si se llega a enjuiciar a algún perpetrador se le
aplica la figura de “abusos deshonestos”. ¿Qué será un “abuso honesto”?
Chile, después de 40 años, no ha ajustado su legislación a
lo que recomiendan los organismos internacionales, tipificando el delito de
tortura y el de violencia sexual política, ambos considerados de “lesa
humanidad”. Es decir crímenes imprescriptibles, inamnistiables y sin derecho a
indulto. En nuestro país, hasta el día de hoy, no hay ningún torturador que
haya cumplido un día de cárcel por tortura, porque nuestra legislación les
entrega beneficios y la pena resulta absolutamente desproporcionada con la
gravedad del daño cometido. Entonces terminan todos en libertad o encarcelados
por otros delitos.
Para nosotros, este tema es muy importante no solo por lo
que nos sucedió, sino también para el presente y el futuro. En la medida que el
Estado chileno no hace una declaración explícita de estos delitos, estos siguen
cometiéndose. En el 2011, niñas y jóvenes que salieron a protestar por una
educación pública, gratuita y de calidad, fueron vejadas en su corporalidad y
sexualidad. ¿Y qué pasó con los perpetradores? Pues nada. Están todos libres.
A 40 años del golpe, en Chile existe la más profunda de las
impunidades frente a estos crímenes.
Sin embargo, las personas que fuimos prisioneras en la
“Venda Sexy” tenemos dos características que son muy importantes y creo que no
las vamos a perder nunca: fuimos víctimas de la tortura, pero también hemos
sido y seremos resistentes y eso lo demuestra nuestra historia y las acciones
que seguiremos realizando.
Y cómo resistente voy a leer los cuatro puntos de la
resistencia que estamos emprendiendo hoy día:
1.- Nos resistimos contra el olvido
2.- Seguimos luchando por la reivindicación de la dignidad
inalienable de todo ser humano, como patrimonio cultural y político de la
sociedad que pretendemos construir. Es decir, nunca más tortura.
3.- Reivindicamos la experiencia personal y colectiva de
quienes fuimos torturados, como sujetos sociales y políticos. No éramos
“locos”, no éramos trogloditas o “cabeza de bala”, no éramos “putas” como nos
trataban en este lugar. Éramos luchadores sociales con nuestra propia visión de
mundo, nuestros valores e ideales, nuestra práctica política y social, nuestro
proyecto histórico y también nuestra visión de futuro. Por eso seguimos aquí.
4.- Luchamos también contra la impunidad de los
torturadores. Exigimos al Estado chileno alinear su legislación interna con las
recomendaciones de la Corte Internacional Penal, el Estatuto de Roma y la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Que se ajuste nuestra
legislación y que se enjuicie y castigue a los torturadores con penas
relacionadas a la gravedad del delito cometido.
También exigimos al Estado chileno, que gastó dinero para
que nos torturaran, que nos facilite el derecho a defensa. Hasta el día de hoy
los torturados no tenemos derecho a defensa, salvo que nosotros mismos la
paguemos. En este sentido hemos solicitado una entrevista con el ministro de
Justicia para plantearle estas demandas.
La justicia es un acto político. El principal acto político
de reconocimiento de la dignidad humana de las personas que fuimos torturadas.
(LFA-12/05/2014)
Fuente: Dilemas
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